En Phoenix, Arizona.– En un operativo considerado como uno de los más importantes de los últimos años contra el tráfico ilegal de armamento en la frontera entre Estados Unidos y México, autoridades federales estadounidenses anunciaron el desmantelamiento de una organización dedicada al contrabando de armas y municiones presuntamente destinadas a cárteles mexicanos. La investigación, desarrollada durante aproximadamente dos años, derivó en la presentación de 158 cargos federales contra 28 personas, de las cuales 21 ya fueron detenidas.
El caso resulta de especial interés para la región noroeste de Sonora debido a que los hechos ocurrieron en Arizona, estado que comparte una extensa frontera con Sonora y donde diariamente existe un intenso intercambio comercial y turístico por cruces internacionales como Lukeville-Sonoyta, Nogales y San Luis Río Colorado.
De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito de Arizona, la organización operaba principalmente desde Phoenix, donde presuntamente reclutaba a personas sin antecedentes penales para fungir como «compradores fantasma» (straw purchasers). Estas personas adquirían legalmente armas de fuego en establecimientos autorizados para posteriormente entregarlas a la red criminal, la cual se encargaba de enviarlas clandestinamente hacia territorio mexicano.
Más de 100 armas y 125 mil cartuchos asegurados
Como resultado de los cateos y órdenes judiciales ejecutadas en distintos puntos de Arizona, las autoridades lograron asegurar:
Más de 100 armas de fuego de distintos calibres.
Más de 125 mil cartuchos de munición.
Vehículos utilizados para el traslado del armamento.
Teléfonos celulares.
Evidencia digital obtenida de cuentas en redes sociales.
Diversos documentos relacionados con la operación de la organización.
Entre el armamento asegurado destacan rifles de alto poder, fusiles tipo AK, pistolas Glock y otras armas que, de acuerdo con la investigación, tenían como destino organizaciones criminales que operan en México.
Identifican al presunto líder
Las autoridades estadounidenses identificaron como presunto líder de la organización a Fernando Daniel Castro, residente de Phoenix, quien habría coordinado la compra de armas mediante terceros para después comercializarlas y enviarlas fuera de Estados Unidos.
La investigación también involucra a ciudadanos estadounidenses y mexicanos, varios de los cuales ya se declararon culpables por delitos relacionados con el tráfico de armas, posesión ilegal de armamento y contrabando internacional.
Participaron varias agencias federales
El operativo fue encabezado por diversas corporaciones federales de Estados Unidos, entre ellas:
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP).
Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).
Fiscalía Federal del Distrito de Arizona.
Delitos y posibles condenas
Los implicados enfrentan cargos por:
Conspiración para traficar armas.
Compra fraudulenta de armas de fuego.
Declaraciones falsas durante la adquisición del armamento.
Operar como comerciante de armas sin licencia.
Contrabando internacional.
Posesión ilegal de armas por personas previamente condenadas.
Dependiendo de cada caso, las penas podrían alcanzar hasta 15 años de prisión, además de multas de hasta 250 mil dólares por algunos de los delitos imputados.
Un tema que impacta directamente a la frontera Sonora-Arizona
Para las comunidades fronterizas del noroeste de Sonora, este operativo representa un hecho de gran relevancia debido a la estrecha relación que existe con Arizona. Durante años, diversas investigaciones de autoridades estadounidenses han señalado que una parte importante del armamento utilizado por organizaciones criminales en México tiene su origen en compras realizadas en estados fronterizos como Arizona y Texas.
El desmantelamiento de esta red evidencia el esfuerzo conjunto de las agencias federales estadounidenses para frenar el flujo ilegal de armas hacia México, uno de los factores que alimenta la violencia generada por la delincuencia organizada en ambos lados de la frontera.
Aunque las investigaciones continúan y aún no se ha revelado públicamente el nombre del grupo criminal que recibiría el armamento, las autoridades estadounidenses señalaron que el caso permanece abierto y no descartan nuevas detenciones conforme avance el proceso judicial.
